Todos los edificios de viviendas de más de dos plantas que carezcan de ascensor deberán instalarlo obligatoriamente antes de 2019, según un decreto que aprobó ayer el Consejo de Gobierno que regula la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte. La norma sustituye a otra de 1992 y, en líneas generales, amplía todas las medidas para eliminar barreras a las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Según explicó ayer la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, en el caso de que la ubicación del ascensor en los edificios ya construidos sea imposible por falta de espacio, y en él viva, en propiedad, una persona con discapacidad, la Junta estudiará una fórmula para permutar su casa por otra con acceso adecuado.
Los bloques de nueva construcción tendrán un ascensor cuando estén integrados por tres o más plantas (dos si hay al menos seis residencias), y éste deberá llegar a la azotea y al garaje o aparcamiento. La obligación es inmediata, es decir, a partir de la publicación del decreto.
Respecto a los inmuebles reservados para las personas con movilidad reducida en promociones de viviendas públicas (VPO), la norma extiende a todas las estancias las condiciones de accesibilidad, que están ahora están limitadas al salón y a uno de los dormitorios. También se reduce en este tipo de promociones de 33 a 17 el mínimo de viviendas exigido para que cuente con reserva de pisos accesibles.
Navarro dijo que el decreto marca «un antes y un después» en todos los aspectos relacionados con la movilidad de las personas, ya que lo que persigue es «adaptar el entorno a los ciudadanos, y no al revés».
En ese sentido destacó otra de las medidas de la norma, que obligará a los espacios naturales en los que se realicen actividades recreativas, educativas o culturales, a disponer de un itinerario alternativo a los senderos generales. Esto incluye a las playas, que deberán contar con vías de fácil acceso sobre la arena. Las que tenga servicios de salvamento también tienen que tener sillas anfibias o ayudas técnicas similares.
La consejera aseguró que la normativa beneficiará a más del 70% de la población, pues se dirige igualmente a ciudadanos con dificultades transitorias de movilidad, como mujeres embarazadas, personas accidentadas temporalmente, usuarios de carritos de bebés o portadores de carga. Con esta miras, se mejora el ancho de los acerados e itinerarios de peatones, se aumenta la reserva de aparcamientos (uno cada 40) y se rebaja de un 12% a un 10% las pendientes de las rampas. «Muchas de las rampas que vemos en algunos edificios son simplemente de diseño, no sirven para nada», puntualizó Micaela Navarro, quien destacó como principal virtud del decreto la erradicación no sólo de las barreras arquitectónicas, sino también de «las mentales, que tienen que ver con la comunicación». En las nuevas exigencias, han participado las 15 consejerías, y todos los colectivos implicados. Como ejemplo de la colaboración de estos últimos, citó la denuncia de la ONCE de la supresión de la megafonía en los aeropuertos para evitar la contaminación acústica: «A veces no se piensa, pero los invidentes no pueden seguir los cambios de los vuelos».
La consejera explicó que se creará un Fondo de Supresión de Barreras para ayudar a financiar los proyectos, cuya dotación se establecerá anualmente en los presupuestos de la Junta de Andalucía.
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